La sentencian 709 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 28 de noviembre de 2023 admite el derecho al error para evitar la sanción, sobre todo teniendo en cuenta la generalización del régimen de autoliquidaciones como expresión del traspaso de la responsabilidad en la aplicación de los tributos de la Administración a los contribuyentes.
Para el Tribunal la complejidad de normas y de los procedimientos, al que quedaría vinculada la regulación de aquel derecho opera como factor a tener en cuenta a la hora de valorar la culpabilidad del obligado tributario. La sentencia no se basa en ninguna norma concreta que regule el derecho al error pues todavía no hay reflejo de ello en la Ley General Tributaria, sino en que los contribuyentes tienen siempre presunción de buena fe y es la Agencia tributaria la que tiene la carga de la prueba y debe demostrar que el incumplimiento se ha cometido con mala fe y no por negligencia.
En materia sancionadora se exige algo más, la existencia del elemento objetivo. La sanción recurrida trae su causa en el expediente de regularización que ha tenido por objeto comprobar la correcta tributación de las operaciones de transmisión de participaciones sociales y escisión parcial, operaciones calificadas como complejas. Dicha complejidad entronca con lo que se conoce como “derecho al error” (el droit a l’erreur del derecho francés), que no ha pasado desapercibido para el Consejo de Defensa del Contribuyente en la “Propuesta 3/2022, sobre la incorporación del derecho al error al Ordenamiento tributario español”. Y aunque dicha propuesta todavía no ha tenido reflejo en la LGT , quizá se haya iniciado un camino que conduzca a evitar sanciones por incumplimientos fiscales involuntarios de las normas fiscales. La complejidad de las normas y los procedimientos, al que quedaría vinculada la regulación de aquel derecho, opera como factor a tener en cuenta a la hora de valorar la culpabilidad del obligado tributario, afirma la sentencia...